El cambio climático que enfrenta nuestro planeta demanda acciones urgentes desde todos los rincones del mundo. Vemos que los eventos climáticos extremos como tormentas, sequías e incendios se intensifican cada año. En Madagascar, se ha desatado lo que se considera la primera hambruna producto del cambio climático.[1] En el Ecuador, hemos perdido el 40% de los glaciares en los últimos 30 años[2] y se ha incrementado el número de enfermedades por vectores, como la malaria y el dengue. A su vez, el cambio climático causado por la actividad humana tiene un impacto directo e indirecto en el cumplimiento de varios derechos humanos: el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, etc. Más aún, las consecuencias del cambio climático tienen un impacto desproporcionado para las personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad.
En el año 2015, los Estados Miembros de las
Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como
parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece
un plan para alcanzar los ODS en 15 años. La Agenda 2030 es un plan de acción
en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que nace como respuesta a la problemática de la
sobreexplotación de recursos y a la noción de crecimiento económico ilimitado
que nos ha llevado a la crisis climática actual. En tal sentido, los mecanismos
de integración regional deben responder, también, a las necesidades de sus
países miembros y a las metas establecidas en los ODS. Con esta realidad en
mente, en la última sesión ordinaria del Parlamento Andino, se aprobó el Pacto
Andino para la Defensa de la Naturaleza, iniciativa del H. Parlamentario Paúl
Desamblanc, Vicepresidente de la Oficina de Representación Parlamentaria
Nacional del Ecuador del Parlamento Andino.
Aplaudo esta iniciativa que no solo contempla enfoques necesarios como los de
justicia ambiental, enfoque global biocéntrico, enfoques de equidad,
solidaridad y de justicia intergeneracional, sino que busca incorporar los
saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades indígenas respecto a la
adaptación y resiliencia al cambio climático. El Pacto Andino para la Defensa
de la Naturaleza, además, contiene importantes artículos para dar cumplimiento
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En ese sentido, el artículo octavo pone
de manifiesto la importancia de establecer políticas públicas “para la investigación, difusión, implementación y modernización de
infraestructuras y tecnologías innovadoras para la eficiencia energética y la
transformación hacia fuentes de energía limpias.” Esto va en línea con los ODS 7 y 9 que promueven
el acceso a una energía asequible, sostenible y moderna y establecen la necesidad de construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización sostenible y fomentar la innovación.
Esta importante iniciativa parlamentaria constituirá un norte hacia el cual
deben mirar los países de la Región Andina si quieren cumplir con sus
obligaciones internacionales en materia de medio ambiente.
[1] PNUD. Ecuador y su ambición por
combatir el cambio climático, 2019. Disponible en: https://www.ec.undp.org/content/ecuador/es/home/blog/2019/ecuador-y-su-ambicion-por-combatir-el-cambio-climatico.html#:~:text=En%20el%20caso%20de%20Ecuador,glaciar%20entre%201956%20y%202018.
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