El sistema penitenciario del Ecuador está
atravesando una profunda crisis sin precedentes en la historia del país, con niveles
de violencia y de conflictividad que solo en este año han causado ya más de 100
muertos en los diferentes centros carcelarios. A pesar de que muchos atribuyen
la causa de esta crisis a la influencia que tienen las principales organizaciones
delictivas transnacionales (cárteles) dentro de las cárceles del país, lo cierto
es que esto es el resultado de las decadentes estructuras socioeconómicas de
nuestro país, las desacertadas decisiones en el manejo de los centros
penitenciarios y la falta de recursos para atender las urgentes demandas de los
centros penitenciarios.
En el afán de integrarnos al mundo globalizado, no
se ha dimensionado la penetración que tiene el narcotráfico en la
institucionalidad del país. Dicho fenómeno no ocurre únicamente en las instituciones
públicas, sino también en el sector privado y en la dinámica económica.
Es innegable que el narcotráfico en el país
existe desde hace varias décadas, pero su creciente presencia es cada día más
evidente en la población carcelaria del Ecuador, en la que aproximadamente el
30% de hombres privados de la libertad, están detenidos por delitos
relacionados con el narcotráfico; este número crece en el caso de las mujeres,
que llega a porcentajes cercanos al 70% de las detenidas; sin embargo, los
niveles de responsabilidad son diferentes; la mayoría constituyen el último
eslabón de la perversa cadena del narcotráfico, mientras que los principales
beneficiarios de este delito, generalmente, quedan al margen del alcance de la justicia.
Por lo tanto, mientras no exista una política adecuada para el combate al
narcotráfico, siempre estarán las cárceles saturadas y expuestas a situaciones
de grave violencia.
Por otro lado, el irresponsable recorte de
presupuesto en los últimos 4 años al sistema penitenciario y la destrucción de
la institucionalidad estatal: eliminación de los Ministerios de Justicia; Ministerio
coordinador de la seguridad Interna y externa; así como mecanismos de
seguimiento e inteligencia al interior de los centros penitenciarios, fueron
factores preponderantes para la actual crisis del sistema carcelario. En este
aspecto, todas las funciones del ex Ministerio de Justicia fueron atribuidas al
Ministerio de Gobierno, y este último, enfocó sus esfuerzos en asuntos de
coyuntura política en lugar de hacerlo en temas relacionados a la seguridad ciudadana
o en el mejoramiento del manejo de las cárceles.
La administración de las cárceles es una política
pública que debe ser atendida de forma prioritaria, ya que, en un país como el
Ecuador, los problemas de seguridad son además problemas de gobernabilidad. De
esta manera, es urgente que se asignen recursos para solventar el problema y se
desarrollen políticas públicas que busquen una auténtica reinserción social de las
personas privadas de la libertad.
La ONU establece para que pueda existir
reinserción social en las cárceles no pueden haber más de 500 personas privadas
de la libertad por cárcel, por este motivo, debe abordarse la sobrepoblación de
las cárceles con urgencia, entre otras políticas, (Avila,
2018) como, por ejemplo:
1. Eliminación del uso indebido de la prisión
preventiva como medida cautelar.
2. Desburocratización de los procedimientos para que
las personas privadas de libertad puedan acogerse a la prelibertad; es inaudito
que a los detenidos les corresponda la presentación de papeles y expedientes de
todo el proceso, cuando eso solo debería depender de informes de los directivos
de los principales centros carcelarios.
3. Clasificación adecuada de acuerdo con el grado de
peligrosidad de los PPL. No se pueden mezclar los a personas que cometieron
delitos menores con los de alta peligrosidad.
4. Alternativas para la rehabilitación y
reinserción. El costo de cada PPL en el Ecuador es muy bajo debido a la alta
población carcelaria y el alto nivel de hacinamiento (30%, aunque en algunos
centros penitenciarios es más alto). Ante esto, se proponen alternativas como por
ejemplo, las “granjas penitenciarias” para las personas privadas de libertad de
menor peligrosidad, en donde estos puedan trabajar durante el día, y luego ir a
dormir a sus casas; de igual manera, los centros en los que se permita la
asociatividad de los detenidos y el control colectivo de consumo de drogas,
alcohol u otras sustancias, pero al mismo tiempo se generen mecanismos para que
cada persona privada de la libertad, trabaje y/o estudie y además tenga actividades
deportivas y recreativas. Con medidas como estas, se evitaría el hacinamiento y
se asegura un mejor proceso de reinserción. (Avila,
Gobernar responsabilizando. El caso de la cárcel de Punta de Rieles en
Uruguay., 2018)
5. Combatir la impunidad para los grandes capos de
la droga.
6. Alejarnos del “populismo penal” que se ha venido promoviendo
durante los últimos 20 años, el aumento de las penas como una solución a los
problemas de seguridad. Sin duda, esto no ha detenido el cometimiento de
delitos. Tenemos 250 PPLs por cada cien mil habitantes. Esta cifra supera hasta
40 veces a la de algunos países europeos.
7. Razonabilidad al tiempo de la prisión preventiva,
La Corte Interamericana de DDHH, en el artículo 7.5 de la Convención, impone
límites a la duración de la prisión preventiva y, en consecuencia, a las
facultades del Estado para asegurar los fines del proceso mediante esta medida
cautelar. (DDHH, 2020)
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