El Ecosistema de Seguridad Humana en Latinoamérica está gravemente afectado por los impactos negativos de la Globalización. El subcontinente tiene un severo retroceso en el Índice Global del Crimen Organizado/2023, con un promedio cercano al de África; Entre los peores diez países de América Latina y el Caribe, están, Ecuador, Colombia, Venezuela, y Perú, siendo el delito del narcotráfico el de mayor prevalencia. Resalta el escalamiento del 800% de la tasa de homicidios en Ecuador que alcanzó el año 2023 (47 homicidios/100.000 habitantes) con respecto al año 2017 (5,6 homicidios/100.000 habitantes).
Entre otros factores críticos de
erosión del ecosistema de seguridad humana regional resaltan el crecimiento de
la desigualdad social en los países andinos; el debilitamiento y erosión de las
entidades de seguridad y justicia; el escalamiento de la criminalidad regional,
y, el aumento de la demanda mundial de drogas y de la criminalidad.
Frente a esta amenaza
multidimensional, el Parlamento Andino trabaja en una propuesta de “Lineamientos
de política pública sobre seguridad humana integral”. Este instrumento tiene el
propósito de dar orientaciones a los Ejecutivos de los gobiernos, las Asambleas
Legislativas y las instituciones de la sociedad, para contribuir a la
construcción de una región de paz, con mayor seguridad integral y mejores
capacidades regionales y nacionales para neutralizar a los grupos criminales
transnacionales.
Desde un enfoque de seguridad
integral multidimensional centrado en los derechos humanos, la propuesta de
Lineamientos de Políticas Públicas, contiene once lineamientos transversales y
veinticuatro lineamientos específicos, para cubrir un marco integral de
actuación, que brinde respuestas estratégicas y operativas a los imperativos de
políticas basadas en un enfoque estratégico y en el análisis de datos y
certezas para ejecutar acciones de prevención, disuasión y represión de los
grupos criminales transnacionales,
Entre los lineamientos
transversales, se propone que las políticas de seguridad tengan en
consideración: la búsqueda de la Paz positiva entendida como la progresiva reducción
de las conflictividades y violencias; el fortalecimiento integral de las
instituciones de seguridad y justicia; la incorporación protagónica de la
participación y veeduría ciudadanas en las políticas de seguridad; la búsqueda
de la transparencia y eficacia de la justicia; la atención preferente para
reducir los factores de riesgo como la desigualdad y la pobreza y la prevención
de la violencia en la juventud; el incremento progresivo de la inversión
pública en seguridad; el mejoramiento del control político y la fiscalización
sobre los organismos de seguridad y justicia, por parte de los legislativos
nacionales.
Entre los principales
lineamientos de políticas específicas se propone en el Eje de Prevención y disuasión:
compatibilizar la políticas públicas de seguridad ciudadana con las política
criminales bajo el paraguas programático y estratégico de un sistema de
seguridad integral humana; Impulsar la modernización integral de las fuerzas de
seguridad, adecuando su arquitectura institucional a las necesidades presentes,
mejorando la formación, seguimiento y auditoria del talento humano e incorporando
la Innovación y la tecnología para potenciar sus capacidades; Implementar
metodologías de gestión por resultados, sustentadas en evidencias y en
registros públicos de seguridad; ejecutar intervenciones de prevención de los
cuerpos de seguridad soportadas en la investigación, desarrollo e innovación;
Enfatizar en las estrategias de prevención identificando las zonas críticas,
instalando procesos consistentes para la resolución de conflictos, generando
capacidades de disuasión focalizada, y estrechando los lazos de colaboración
con la comunidad; promover y fortalecer la cultura de la legalidad como
elemento sustancial de la prevención; Incorporar a las instituciones de
inclusión socio-económica, educativas, culturales y deportivas dentro del
subsistema de prevención; Impulsar Políticas nacionales y regionales para desarrollar
capacidades y competencias en materia de ciberseguridad.
Respecto a la Intervención para
combatir la criminalidad y la violencia se propone entre otros lineamientos:
fortalecer las capacidades operativas de los organismos de seguridad para “Requerir
– Controlar – Registrar / Parar – Cuestionar – Requisar”; trabajar con
indicadores sólidos para la medición y evaluación de impacto de las
intervenciones para el combate de la criminalidad y la violencia; trabajar con
base a la evaluación y mitigación del riesgo en materia de ciberseguridad;
Promover el fortalecimiento continuo de los organismos en materia de
ciberseguridad.
Con relación al eje de
cooperación internacional se propone entre otros lineamentos: Impulsar la
Asistencia Judicial Penal Mutua; fortalecer la asistencia técnica, cuerpos
conjuntos de investigación y la coordinación entre los organismos de
inteligencia; fortalecer la articulación en zonas de frontera terrestres y
marítima; Alcanzar la interoperabilidad de datos biométricos y el
fortalecimiento de los controles migratorios con enfoque regional; desarrollar
operaciones conjuntas en zonas de frontera y marítimas, y crear un sistema andino
sobre reportes de operaciones sospechosas (ROS) para enfrentar el lavado de
activos. En particular se propone la creación de ANDIJUS y ANDIPOL como
organismos permanentes del sistema andino de integración, encargados de
consolidar la acción conjunta de los organismos de seguridad y justicia entre
los países andinos.
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