“SE ESCONDE CUANDO NO SE TIENE LA CONCIENCIA LIMPIA”. UNA REFLEXIÓN A PROPÓSITO DE LOS PANDORA PAPERS
Virgilio Hernández Enríquez
Los Resultados
de la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación -ICIJ- que agrupa a más de 600 profesionales y 150 medios de
comunicación de 117 países, publicada en su página web y en distintos medios
internacionales de reconocida trayectoria como EL PAIS de España, LE MONDE de
Francia, THE GUARDIAN de Reino Unido, DEUTSCHE WELLE de Alemania, WASHINGTON POST de EEUU, sobre la existencia de cuentas off-shore en
paraísos fiscales que involucran a 35 presidentes en funciones y expresidentes; 330 políticos y funcionarios
públicos de 91 países, además de numerosos empresarios, personajes públicos,
grupos familiares o personas procesadas por la justicia, ponen en evidencian el
escondido entramado existente entre el poder político y los paraísos fiscales.
El informe
Pandora Papers realizado
mediante la filtración de doce millones de documentos y medio millón de correos
electrónicos, ha puesto en evidencia, como personas con poder económico,
político y simbólico, así también empresas y organizaciones criminales, ocultan
riquezas obtenidas de manera lícita o ilícita, a través de la conformación de
fideicomisos y cuentas encriptadas[i], con la finalidad de
evadir impuestos, lavar dinero producto de la corrupción o de actividades
ilícitas; como ha señalado el Papa Francisco, “se esconde cuando no se tiene la
conciencia limpia”[i].
Además, estas guaridas fiscales afectan a la economía de nuestros países y
deterioran la democracia, puesto que, vulnera el principio de igualdad al
ofrecer, oportunidades para las élites económicas que no son accesibles para el
conjunto de ciudadanos en una sociedad.
Los paraísos fiscales esconden
activos en empresas encubiertas y fideicomisos que producen un flujo global de
dinero que protege a personas y grupos inescrupulosos y empobrece a las
naciones, pues, según una investigación de la OCDE realizada en el año 2020, 11,3 billones de dólares permanecen “en alta
mar”[ii] y de acuerdo con la
Alianza Global para la Justicia Fiscal, cada año se producen reducciones en los
ingresos públicos de los Estados, calculadas en más de 427.000 millones de
dólares[iii] (245 mil millones debido
al abuso fiscal corporativo global y 182 mil millones por la evasión fiscal
privada global) mediante mecanismos fraudulentos como las llamadas guaridas
fiscales. Además de destruir la justicia social y tributaria, estas entidades
extraterritoriales contribuyen a la acumulación económica de organizaciones
criminales transnacionales, incrementando sus medios delincuenciales y la
inseguridad ciudadana, la destrucción del Estado de derecho y las instituciones
de la democracia.
Para
las instituciones del Sistema Andino de Integración, constituyen un desafío impulsar
propuestas para enfrentar el fenómeno de la salida de capitales con fines
elusivos o encubrimiento de actos
dolosos, promoviendo la creación de normas comunes para regular y controlar el
movimiento de capitales al interno del área andina y hacia otros países,
especialmente hacia las jurisdicciones identificadas como paraísos fiscales o
regímenes de menor imposición.
Entre las personas
mencionadas en la investigación del ICIJ publicada el 3 de octubre se
encuentran varios presidentes y expresidentes, líderes y funcionarios de alto
rango de los países andinos, desatando una ola de profunda incertidumbre y
desconfianza respecto a la transparencia y probidad de los gobernantes andinos,
así como sobre la equidad y justeza de sus decisiones gubernamentales. Por lo
que es imperativo que las instituciones de control de cada país inicien
procesos de investigación y fiscalización sobre estas graves denuncias.
En el
caso ecuatoriano, la Consulta Popular de febrero 2017 y su posterior ley,
establecen la prohibición de ser candidatos y funcionarios públicos a las personas
que tengan activos en paraísos fiscales, y/o mantengan operaciones con
empresas “off shore”, domiciliadas en paraísos fiscales, por
lo tanto en Ecuador, no solo es un tema de ética pública sino que está
prohibido por la legislación vigente. Al haber sido mencionados actuales y ex
mandatarios de la Región Andina las entidades encargadas del control político,
administrativo y judicial, de cada país, en el marco del absoluto respeto al
debido proceso, deben llevar adelante, sendas investigaciones, para restablecer
la afectada credibilidad y confianza en la buena fe y búsqueda del interés
general de sus gobernantes.
[i] Que
podrían incluir delitos de simulación, testaferrismo y evasión fiscal, entre
otros.
[ii]
https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/
[iii]
El Estado de la Justicia Fiscal: 2020: La justicia fiscal en tiempos de la
Covid-19 Noviembre de 2020
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